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Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 14 (A/67/278)
Formalismo70. Sin recursos suficientes para contratar servicios privados y con restricciones de acceso a la asistencia letrada (véase supra) las personas que viven en la pobreza a menudo se ven obligadas a litigar en solitario. Al hacerlo, deben hacer frente, además de a las barreras que ya se han enumerado, a un complejo laberinto de leyes, tradiciones e interacciones, con una gran cantidad de trámites, al uso de la jerga jurídica y las lenguas mayoritarias y a límites de tiempo restrictivos, que pueden disuadir a los pobres de acudir al sistema formal de justicia y privarlos de obtener sentencias justas.
Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 14 (A/67/278)
80. En la práctica, no obstante, las restricciones de la legitimación procesal en muchos Estados impiden directa o indirectamente a las personas que viven en la pobreza acceder a los mecanismos judiciales y procesales. Por ejemplo, en algunos Estados, las legislaturas y los sistemas judiciales limitan esta condición para algunos grupos, especialmente las mujeres y los niños. Hay leyes discriminatorias que privan a las mujeres de esta condición y exigen la tutela de una varón para interponer demandas o aportar pruebas.
Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 14 (A/67/278)
8. El derecho a un recurso efectivo es un elemento fundamental en la protección de los derechos humanos y funciona como mecanismo procesal que garantiza que las personas puedan hacer valer sus derechos y obtener reparaciones. La falta de soluciones jurídicas efectivas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, como la discriminación, sigue siendo una realidad apremiante en muchas jurisdicciones, así como la falta de protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, este concepto entraña mucho más que mejorar el acceso a los mecanismos judiciales y procesales. También implica que las soluciones deben ser efectivas y legales, y que las sentencias judiciales deben ser justas y equitativas. El derecho a un recurso efectivo también engloba la reparación, la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de que no se repetirán las violaciones de los derechos.
Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 14 (A/67/278)
7. Además, cabe resaltar otros derechos como el disfrute de los derechos sin discriminación (p. ej., Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2; y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano (p. ej., Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 6; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 16; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art. 15; y Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 12)y el derecho a buscar y recibir información (p. ej., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19.2) 4.
Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 14 (A/67/278)
Capacidad y recursos insuficientes41. La escasez de recursos financieros y humanos destinados a los tribunales, la policía y el ministerio público, así como la formación y capacitación insuficientes de los funcionarios de la judicatura o las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, se traduce en un mal funcionamiento del sistema judicial que impide el acceso a la justicia. Este mal funcionamiento, que incluye los retrasos (véanse los párrs. 68 a 69) la obtención incorrecta o insuficiente de pruebas, la falta de aplicación de la ley y los malos tratos, impide el buen desarrollo de los mecanismos judiciales y procesales y socava los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza, a las que afecta de forma desproporcionada.
Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 13 (A/HRC/23/36)
29. La educación es un derecho humano fundamental en sí mismo y un medio por el que los adultos y los niños desfavorecidos pueden salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades (E/C.12/1999/10, párr. 1) El derecho a la educación, tal como se pone de manifiesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, implica concretamente que "la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre"; por lo tanto, los programas educativos deben transmitir los conocimientos necesarios para permitir la plena participación, en pie de igualdad, en las comunidades locales y nacionales (E/C.12/GC/21, párr.27)
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51. En el contexto de la participación, se entiende que hay disponibilidad si existen canales de participación y acceso a la información y mecanismos de rendición de cuentas en cantidad (y de calidad)suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad en cuestión.
Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 13 (A/HRC/23/36)
74. Para que se dé una participación efectiva, es indispensable contar con una base de ciudadanos instruidos e informados que conozcan sus derechos. En particular, se debe empoderar a las personas que viven en la pobreza para hacer efectiva su participación. Por consiguiente, es fundamental dotar a las personas que viven en la pobreza de una mayor capacidad de implicarse en los procesos participativos, para lo cual habrá que promover en ellas el pensamiento crítico y la capacidad de analizar y hacer frente a las estructuras de opresión y las relaciones de poder. Su empoderamiento debe servir para que estas personas determinen cuáles son las causas fundamentales de su marginación y para que pasen a la acción (de forma individual o colectiva)con el fin de formular reivindicaciones y hacer efectivos sus derechos. Esto requiere, entre otras cosas, actividades de educación en la esfera de los derechos humanos y otras formas de fomento de la capacidad34, que deben estar incorporadas en todo proceso participativo y empezar antes de que el proceso comience. Puede tratarse, por ejemplo, de cursos para hablar en público, actividades de educación en los derechos humanos, talleres o campañas de divulgación de información
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22. El derecho a la participación está estrechamente vinculado con el empoderamiento, que es un objetivo y principio de derechos humanos fundamental. La participación efectiva puede fomentar la capacidad y la conciencia de los derechos, y permite a las personas que viven en la pobreza considerarse miembros de pleno derecho de la sociedad y agentes autónomos, en lugar de verse sometidos a las decisiones adoptadas por otras personas que las consideran objetos de asistencia o meras estadísticas. Como afirmó un activista peruano, "para nosotros, participar es salir de nuestro aislamiento, romper con nuestro silencio y acabar con nuestro miedo... Antes tenía miedo, hoy soy fuerte, no me humillo"11. También puede brindar a las personas que viven en la pobreza la oportunidad de pronunciarse contra la injusticia, la discriminación y el estigma, y de hacerles frente, puede darles la confianza de tratar con funcionarios del gobierno y lidiar con la burocracia. En realidad, ejercer su derecho a la participación puede ser un trampolín que les lleve a reclamar plenamente otros derechos.
Relatoría especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Reporte temático 13 (A/HRC/23/36)
16. Mediante una participación genuina y efectiva, las personas pueden ejercer su agencia, autonomía y libre determinación. La participación limita también la capacidad de las élites de imponer su voluntad sobre las personas y los grupos que quizás no cuenten con los medios de defender sus intereses. Concebida como un derecho, la participación es un medio de hacer frente a las formas de dominación que restringen la agencia y la libre determinación de las personas, y otorga a las que viven en la pobreza poder sobre las decisiones que afectan a sus vidas, transformando las estructuras de poder existentes en la sociedad y permitiendo un goce de los derechos humanos mayor y compartido de manera más amplia.